Por Rafael Pérez Jiménez.
En esta quinta entrega, continúa Rafael Pérez, contándonos más detalles de la historia de la telefonía canaria, ahora sobre la evolución del servicio en el periodo de 1931 a 1936, durante la segunda república.
En los capítulos anteriores de esta serie*, se ha revisado la trayectoria de la telefonía en Canarias hasta 1931. Durante las primeras décadas del siglo XX comenzó a consolidarse una concepción del teléfono no ya solo como algo con un interés económico, sino que comenzó a verse como una infraestructura de interés público y una herramienta de vertebración territorial. La creación de los cabildos insulares en 1912 favoreció este proceso, aunque con resultados muy distintos. En Tenerife, el Cabildo impulsó desde 1914 una red insular destinada a conectar los diferentes municipios, mientras que en Gran Canaria el protagonismo correspondió principalmente al Ayuntamiento de Las Palmas, y si bien la Gran Guerra interrumpió buena parte de estos proyectos, hacia 1924 la Red Insular de Telefonía de Tenerife (RTIT) ya era una realidad que vertebraba la mayoría de los núcleos habitados de la Isla, lo que contrastaba fuertemente con la realidad del resto del Archipiélago.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera se sentaron las bases del sistema telefónico moderno mediante la creación, en 1924, de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), encargada de integrar las numerosas redes urbanas e interurbanas que hasta entonces habían funcionado de manera dispersa y con escasa coordinación. Eso incluyó las redes dependientes de Correos, como las de Las Palmas o Lanzarote, que se incorporaron en 1924, y las compañías privadas de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava o Arucas en 1925. Sin embargo, ese monopolio tuvo en Canarias una excepción significativa, pues la RTIT permaneció operando de modo independiente. Aun así, la mayoría de las redes urbanas pasaron a depender de la nueva compañía y se empezó, aunque muy lentamente, su modernización. También a finales de la década de 1920 se produjo además un avance decisivo hacia la superación del aislamiento exterior, primero con la entrada en servicio el cable telefónico submarino entre Tenerife y Gran Canaria, y poco después con los radioenlaces con la Península, primer paso para integrar las redes de las dos islas capitalinas en la red global. Sin embargo, cuando se proclamó la II República en abril de 1931, y con la excepción de Tenerife, Canarias se basaba aun en una infraestructura telefónica pequeña, muy mayoritariamente manual y profundamente desigual desde el punto de vista de su despliegue territorial.
La proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 supuso una profunda transformación del panorama político español. Sin embargo, en el ámbito de las telecomunicaciones la ruptura fue mucho menos intensa de lo que cabría esperar. Durante la Dictadura de Primo de Rivera se habían sentado las bases del sistema telefónico moderno mediante la creación, en 1924, de la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), encargada de integrar las numerosas redes urbanas e interurbanas que hasta entonces habían funcionado de manera dispersa y con escasa coordinación. Siete años después, el nuevo régimen heredaba una infraestructura que aún se encontraba en plena expansión, pero cuya arquitectura institucional y técnica estaba ya sólidamente definida. Aun así, en los primeros meses de la República existía la convicción de que muchas de las concesiones otorgadas durante la Dictadura debían ser revisadas. Entre ellas ocupaba un lugar preferente el contrato suscrito con la CTNE, criticado tanto por las condiciones especialmente favorables concedidas a la compañía como por la presencia del capital estadounidense. La creación de un Ministerio de Comunicaciones y el nombramiento de responsables procedentes del Cuerpo de Telégrafos parecían anunciar un cambio de rumbo en la política de telecomunicaciones. La nueva legislación proclamó además el carácter nacional y soberano de todos los servicios de telecomunicación, abriendo la posibilidad de que las concesiones revirtieran algún día al Estado. De hecho, el proyecto de Constitución recogía un artículo que permitía la expropiación de los servicios públicos sin compensación.
La oposición al monopolio venía de ambos lados del espectro político, desde el tradicionalista Ayats al socialista Indalecio Prieto, que calificaba a Telefónica de “negocio escandaloso”. En julio de 1931 el sindicato anarquista CNT convocó una huelga contra la CTNE en protesta por los bajos salarios, la automatización, y el control extranjero. Como ejemplo de la dureza de estas condiciones laborales sirva el caso de las telefonistas en Las Palmas: desde los tiempos de la compañía municipal el personal de categoría más baja -telefonistas- trabajaba seis horas de jornada en horario partido, pero tras tenderse el cable a Tenerife, lo que lógicamente supuso un aumento de trabajo, la Compañía congeló el tamaño de la plantilla y aumentó la jornada de trabajo a siete horas manteniendo la misma retribución. En 1931, al crecer el número de abonados y con la implantación del servicio con la Península (véanse las entradas «La llegada de la CTNE a Canarias» y «Origenes de la telefonia en Canarias, la primera comunicación telefónica interinsular y con la Peninsula»), de nuevo se aumentó la jornada laboral hasta ocho horas y con rotación de turnos (incluyendo los nocturnos) sin mejorar las retribuciones1, todo esto, a pesar de los sucesivos aumentos de las tarifas de abonado. En Tenerife el seguimiento al paro fue escaso (y, de hecho, los servicios de RTIT no se vieron afectados), pero en Gran Canaria, y en concreto en Las Palmas, la incidencia fue casi total. El 9 de agosto CTNE denunció ataques con ácido en la central radiotelefónica de El Tablero, y cortes de cables en Tenerife y Gran Canaria, y la huelga continuó hasta que un laudo del nuevo ministerio de comunicaciones le puso fin.
En marzo de 1932 el Gobierno publicaba una orden donde fijaba la posibilidad de intervención estatal en cuestiones laborales internas de las compañías concesionarias de monopolios -entre ellas, CTNE- y en la resolución de las reclamaciones2contra ellas, y tras la “sanjurjada” de agosto de 1932 arreciaron las presiones desde el entorno del Gobierno contra la compañía por su posible complicidad en la planificación de la revuelta militar3. No obstante, la situación se mantuvo en el statu quo, en gran parte debido a las presiones diplomáticas de Estados Unidos y por la falta de fondos del nuevo régimen para hacer frente a una posible indemnización millonaria. En diciembre de 1932 el presidente Azaña pronunció un lacónico discurso en las Cortes que instaba a suspender la posible incautación de la compañía por su “sentido de responsabilidad”4, algo que el Parlamento ratificó por una mayoría de 181 votos contra 11.
En el caso concreto de Canarias, y en este convulso contexto, no es de extrañar que las inversiones de la Compañía en el crecimiento de la red se minimizaran en el periodo 1931-33., para luego, en una segunda etapa, y hasta el inicio de la Guerra Civil, Telefónica retomar su impulso inversor. Por su parte, la red insular de Tenerife seguía sujeta a una posible incautación por parte de CTNE (o de Correos y Telégrafos, si finalmente prosperaba la idea de nacionalizar el monopolio) y había alcanzado ya una cobertura casi total en su zona de influencia, por lo que las inversiones en nuevos tendidos (75.000 pesetas en 1932) eran prácticamente irrelevantes comparadas con las empleadas en los primeros años de la década de 1920.
Ese primer periodo estuvo además caracterizado por las constantes quejas de los abonados, sobre todo, por las tarifas, consideradas abusivas especialmente en lo que respecta a las llamadas “interurbanas”, consideradas así, aunque algunas uniesen núcleos tan cercanos como Las Palmas y el Puerto de la Luz en Gran Canaria5. Respecto de este último caso se decía “la comunicación (…) es fatal, antes se llega en Tranvía”6. La prensa criticaba con dureza a la compañía que se tildada de “empresa extranjera”, con prácticas “de latrocinio” y culpable de sobornar a altos empleados del Gobierno7. También la nueva situación se reflejó en el cambio en la dirección de la empresa en Canarias, cuando a José De Las Parras, que había llevado la negociación para la incorporación de las redes urbanas de las distintas islas, le sucedió el ingeniero Jacobo Guijarro, con un perfil mucho más técnico que político, en pleno periodo de huelga8.
El segundo periodo, que se inició en enero de 1933, trajo un nuevo impulso a la actividad de Telefónica en Canarias al igual que ocurrió en el resto de España. La Compañía parecía haber recuperado su libertad de acción al desaparecer la espada de Damocles que suponía la amenaza de incautación por el Estado. Como signo de este nuevo dinamismo se hizo cargo del Distrito un personaje que luego tuvo gran trascendencia en la historia de CTNE: Demetrio Mestre Fernández. Este joven directivo, que tenía menos de cuarenta años cuando llegó a las islas, actuó como un activo propagandista de Tenerife, pese a ser natural de Medina del Campo. En 1936, cuando estalló la Guerra Civil, tuvo un papel protagonista en apoyo de Franco (algo que se verá en detalle posteriormente en otra entrada a este blog), a raíz de lo cual promocionó rápidamente en la compañía, ocupando, ya en diciembre de ese año el puesto de inspector de los servicios telefónicos de la zona ocupada por el bando sublevado. Finalizada la guerra, entró a formar parte del Consejo de Administración de la empresa, y posteriormente fue director general de la misma. También ejerció como diputado en las Cortes franquistas de 1943 a 1946, lo que coincidió con el proceso de nacionalización de la CTNE.
Bajo la batuta de Mestre en Canarias, la Compañía retomó una cierta agresividad comercial y, aunque el esfuerzo económico principal se realizó en la automatización de las zonas más rentables, como se verá en el siguiente apartado, también volvió a incidir en su expansión territorial. Eso incluía no sólo áreas que no estaban previamente cubiertas, como la isla de Lanzarote o el centro de Gran Canaria, sino incluso en áreas que estaban bajo la cobertura de la RTIT como Tacoronte o La Victoria. Esta política de crecimiento de la red no podía menos que chocar con la posición del cabildo de Tenerife, que mantenía la independencia de su red, incluso recurriendo a los tribunales los proyectos de Mestre. El mapa siguiente muestra la situación de las redes existentes en la isla de Tenerife en 1935. La red insular seguía contando con unos 700 abonados, lo que demuestra que el interés por la RTIT tenía más que ver con su capilaridad y penetración geográfica que con el potencial de negocio de la zona. Las dotaciones económicas del Cabildo eran ya muy escasas: en el presupuesto para el año 1936, sobre un total presupuestado de más de diez millones de pesetas, solo se recogía una partida de 40.000 para la ampliación de la red telefónica, y otra de 30.000 para mantenimiento.
Anuarios de Telefónica correspondientes a los años indicados.
El crecimiento de la red de CTNE estaba regido fundamentalmente por criterios de rentabilidad económica. Por ejemplo, la isla de La Palma se había mostrado muy activa solicitando nuevas líneas internas incluso ofreciendo cofinanciar de parte de su coste a través de su propio cabildo insular, sin embargo, en este periodo no se incorporó ninguna nueva estación, y en 1934 Telefónica denegó la petición del Cabildo palmero de “considerar la isla como un sólo centro urbano”, por lo que se seguían aplicando tarifas interurbanas. También bloqueó en 1934 una iniciativa del Cabildo tinerfeño de encargar un estudio sobre el establecimiento de comunicación telefónica con las islas de La Palma, El Hierro y la Gomera “por medio de cables submarinos o de estaciones radiotelefónicas”9, algo que no podía hacer la RTIT por estar fuera de su ámbito de competencias, y que CTNE consideró que no resultaba técnica y comercialmente factible.
Por lo que respecta a Gran Canaria, la “parte del león” del esfuerzo inversor de CTNE en Canarias se la llevó el establecimiento de la red automática en Las Palmas y el Puerto de la Luz. Quedaban varios municipios sin conexión telefónica y, aunque la red alcanzaba las grandes poblaciones, ni por asomo tenía una malla de distribución a los barrios y pedanías como la que había creado la RTIT en Tenerife. Eso hacía que se produjeran constantes peticiones para el establecimiento de nuevas líneas o la reparación de las anteriores, peticiones que no fueron atendidas dada la necesidad de llevar a cabo la instalación de la red automática de la capital. Las peticiones llegaron al ministro de comunicaciones, Luis Lucia, en octubre de 1935, cuya contestación fue que Telefónica no tenía obligación de instalar el teléfono en los pueblos de menos de cuatro mil habitantes, y que el Estado no podía hacerlo por ser exclusiva de aquella la concesionaria10, lo que significaba que quedaba al albur de la compañía la decisión de cubrir o no el servicio en las localidades menores. En Lanzarote, sin embargo, CTNE sí tuvo que intervenir reconstruyendo completamente la red, que databa de 1916 y había quedado muy maltrecha (como ejemplo, en el momento de su incautación en 1924, solo estaba en condiciones operativas en la capital insular, Arrecife). Entre 1933 y 1934 se instalaron hasta 6 estaciones en distintas localidades.
La introducción del servicio automático en Las Palmas supuso una serie de cambios que pueden parecer obvios desde el punto de vista del siglo XXI, pero que en la década de 1920 obligaba a cambiar tanto la estructura de la red como los protocolos de usuario y los equipos terminales, una “revolución” que no se volvería a ver hasta la introducción de las redes digitales en las décadas de 1980 y 1990.
En primer lugar, era necesario una reorganización completa de la red exterior, con canalizaciones subterráneas en lugar de usar los tendidos aéreos que podían dañarse por el viento y la caída de otros cables eléctricos. Después la población debía ser dividida en varios sectores, cada uno de los cuales poseía una cámara de registro, del cual saldrían las acometidas, que se hacían por las fachadas de las casas. Los teléfonos de los abonados de zonas urbanas quedaban conectados con la red subterránea por medio de “cables de manzana”, ocultos bajo cornisas y balcones y protegidos de agentes externos como la caída de rayos, la lluvia, o el viento o hielo. Esta nueva estructura también facilitaba la adición o supresión de líneas ya que no era necesario que una serie de operarios subieran a los postes para tender nuevos cables, sino que bastaba con abrir una tapa de registro e introducir un nuevo “par” de conectores en una canalización. Los nuevos terminales de usuario ahora tenían un disco, cuyo uso requería aprender un nuevo protocolo de comunicación por lo que empleados de la Compañía visitaban a cada abonado para hacerles una demostración práctica, al tiempo que el departamento de Publicidad de CTNE preparó una película para su exhibición en las salas cinematográficas, y se incluían artículos en prensa detallando no sólo el uso del disco marcador y los distintos tonos de llamada. También se daban detalles como “mantenga el microteléfono descolgado mientras marca el número”, “haga girar siempre el disco hasta que el dedo llegue al tope de parada y suelte entonces para que aquél vuelva a su posición inicial”, “no mueva el gancho mientras marca el número” o “cuelgue el microteléfono tan pronto como termine de hablar”11, todo un mundo de complicaciones tecnológicas para una sociedad acostumbrada a decirle a “las niñas” de la centralita “póngame con el 19”.
Evidentemente, también todas estas infraestructuras suponían un coste elevado, al que había que sumar la propia central automática y la adecuación de los edificios para sustentar estas grandes y muy pesadas estructuras metálicas. Esto se compensaba en parte con un menor número de averías y con la reducción de personal que implicaba poder prescindir de parte de las telefonistas o repartidores, -si bien todo el tráfico interurbano seguía siendo manual- todo lo cual hacía que hubiese una fuerte resistencia al proceso de automatización por parte de los sindicatos12. Poco consuelo les podía suponer pensar que parte de esa mano de obra sería sustituida más adelante por personal de mayor cualificación (personal de mantenimiento para líneas y centrales, ingenieros para la planificación de red, etc.). Finalmente, la automatización de las centrales también permitía aumentar la privacidad en el servicio al no tener la operadora la posibilidad de escuchar (e incluso intervenir)13 en la llamada, algo que también se convertía en una queja recurrente de los abonados.
Pese a que la cifra de mil abonados (requisito de CTNE para proceder a la automatización) se había alcanzado en ambas capitales canarias en 1930, los procesos de automatización en Canarias se retrasaron dada la poca importancia porcentual del número de abonados en las Islas frente al total nacional, y la fragmentación del mercado por la insularidad. Solo en 1933, una vez despejadas estas dudas y bajo la dinámica dirección de Demetrio Mestre, la automatización pasó a primer plano de la planificación de la Compañía en las islas, algo sin duda debido a las urgencias causadas por la propia operatividad de la red. Desde 1932 las quejas sobre la situación de la red en Las Palmas de Gran Canaria en la prensa eran casi continuas: “la comunicación se interrumpe cada minuto, obligándonos a suplicar que nos vuelva a restablecer la comunicación”; “una conferencia de tres minutos con cualquier pueblo del interior tiene que efectuarse a plazos, pues cada veinte palabras hay que gastar otras tantas en solicitar nueva comunicación”14. El Consejo de Administración aprobó a tal efecto un crédito de 1.300.000 pesetas para automatizar la red de la ciudad, que también cubría la reforma de las centrales situada entre las calles Domingo J. Navarro y Buenos Aires, adaptándolas a las necesidades de la instalación de telefonía automática, así como de una en la calle Emilio Castelar, que haría una función similar en el Puerto de la Luz. Evidentemente, eso levantó las habituales suspicacias en Tenerife, como en general ocurría cuando se planificaba un servicio en una isla y no en la otra. Demetrio Mestre hubo de conceder una amplia entrevista al diario Hoy en la que justificaba la prioridad otorgada a Gran Canaria en que “El servicio telefónico en Las Palmas es francamente irregular”, mientras que en Tenerife “Tardará un poco más, pero (…) el servicio de esta población, sin ser lo bueno que está llamado a ser, llena las necesidades más perentorias”15.
El servicio se inauguró el 8 de septiembre de 1934. Con equipos Rotary 7B, fabricadas por Standard Eléctrica, que era el tipo que mayoritariamente estaba instalando CTNE, y daba servicio a unos 1.600 abonados, que ascendieron a 1.774 en 1935. Sin embargo, el servicio automático ya había sido introducido, si bien en una escala menor, en algunas localidades dependientes de la Red Telefónica Insular de Tenerife. En Icod, Los Silos y Garachico, se pusieron en servicio pequeñas centrales automáticas fabricadas también por Standard Eléctrica a principios de 1932 y que daban servicio a 61, 86 y 62 abonados respectivamente, merced a un proyecto realizado por el ingeniero de la RTIT Esteban Martínez Pérez, al que cabe el honor de haber dirigido las primeras instalaciones automáticas en el Archipiélago. También es de suponer que este proceso hubiese continuado en otras localidades como Güimar (que estaba en pleno proceso de renovación de su central) de no haber sido interrumpido por la Guerra Civil.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
En cualquier caso, como es habitual, cada avance conlleva también inconvenientes y, como es de suponer la implantación de estas primeras centrales automáticas no iba a ser una excepción. Entre estos efectos imprevistos pueden comentarse dos ejemplos: el aumento de las primas de seguro al que tuvieron que hacer frente las compañías dado el mayor riesgo de incendio de las centrales automáticas frente a las operadas manualmente y la necesidad de hacer frente a las primeras denuncias por amenazas o bromas basadas en el recién inaugurado anonimato que ofrecían estas centrales16.
Esta era la situación en julio de 1936, cuando Canarias y sus comunicaciones tuvieron un inesperado (e indeseado) protagonismo en la tragedia que se cernía sobre España, pero so será objeto de otra entrega.
- Diario de Las Palmas, 7 de marzo de 1931, p. 2. ↩︎
- O.M. resolviendo el recurso formulado por la Compañía Telefónica Nacional de España sobre el proyecto de contrato colectivo de trabajo aprobado por el ministerio de Comunicaciones. Gaceta de Madrid, núm. 77, de 17 de marzo de 1932, pp. 1923-1924, y en La Provincia, 18 de marzo de 1932, p.6. ↩︎
- El Socialista, 17 de agosto de 1932, p. 1. ↩︎
- De todo esto se encuentra una completa crónica en ABC de 7 de diciembre de 1932, p. 15 y en el Diario de Sesiones núm. 270 de 6 de diciembre de 1932. ↩︎
- Para las quejas sobre tarifas entre Guía y Gáldar Voz del Norte, 19 de junio de 1932, p. 1. Para Las Palmas y el Puerto de la Luz, Diario de Las Palmas, 29 de octubre de 1931, p. 2. ↩︎
- Diario de Las Palmas, 7 de marzo de 1931, p. 2. ↩︎
- Declaraciones del diputado radical-socialista José Antonio Balbontín recogidas en Diario de avisos, 25 de noviembre de 1932, p. 3. Este además acusaba a la Compañía Telefónica, de “defraudar muchos millones y de no cumplir con las leyes de la República”. ↩︎
- Gaceta de Tenerife, 5 de agosto de 1931 p. 2. Guijarro fue luego encargado de misiones más técnicas como la restauración de líneas tras la revolución de Asturias, ABC, 31 de octubre de 1934, p. 25. ↩︎
- LACGCT 1932-1934, acta de 3 de abril de 1933, p. 163. En ese acuerdo se incluía dirigirse al cabildo de Gran Canaria para que hiciese la misma acción respecto de Lanzarote y Fuerteventura. Puede encontrarse también información en Diario de Avisos de La Palma, 4 de abril de 1933, p. ↩︎
- La Provincia, 12 de septiembre de 1935, p. 10. ↩︎
- La Provincia, 24 de agosto de 1934, p. 3. ↩︎
- Este es uno de los motivos expresamente citados para la “Gran Huelga” de agosto de 1931, véanse pp. 270 y ss. También la RTIT hubo de tomar algunas medidas, como un acuerdo para mantener al personal de servicio en las centrales automáticas las gratificaciones que se les otorgaban anteriormente en función del tráfico atendido, y que ahora carecían de sentido. LACGCT 1934, p. 115, acta de 26 de marzo de 1934. ↩︎
- La Provincia, 21 de junio de 1935, p. 1. ↩︎
- La Provincia, 2 de septiembre de 1932, p. 12, Diario de Las Palmas, 13 de septiembre de 1932, p. 1, o
también de 4 de julio de 1933, p. 1, en un artículo llamado “El servicio telefónico”. ↩︎ - Hoy, 21 de diciembre de 1933 p. 1. ↩︎
- La Provincia, 25 de marzo de 1936, p. 13.b. ↩︎
(*) Acceso directo a las entradas anteriores.
- Los orígenes de la Telefonía en Canarias
- La telefonía en Canarias entre la Gran Guerra y la llegada de la CTNE
- La llegada de la C.T.N.E. a Canarias
- Orígenes de la telefonía en Canarias: la primera comunicación telefónica interinsular y con la Península
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